El problema de la falta de vacantes en el barrio Cuartel V de Moreno es un fenómeno que probablemente se reproduzca en otros barrios del Conurbano bonaerense, y que puede explicarse por diversos factores. En general, se observa un crecimiento abrupto de la población acompañado de una insuficientemente respuesta estatal en el modo de reaccionar a esta realidad compleja. Para comprender mejor el modo en que se toman decisiones y asignan recursos en materia de infraestructura escolar en la Provincia de Buenos Aires, nos reunimos con funcionarios de la DGCyE y realizamos pedidos de información a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), al Ministerio de Economía (MECON) y a la Contaduría General (CG).
Sabemos que la decisión de crear una nueva escuela en la Provincia es una facultad indelegable del Director o la Directora General de Cultura y Educación. Sin embargo, el modo y procedimiento a través de los cuales esta decisión se conforma en los hechos no es claro. Por un lado, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) tiene el deber de reunir la información sobre el estado de las escuelas en la Provincia y otra información relevante para la planificación de los proyectos y obras a realizar cada año. De la información publicada en los medios surge que en 2016 se realizó un “censo de infraestructura” que arrojó que el 80% de las escuelas de la Provincia requerirían de la realización de obras de infraestructura, y que llevaría entre 6 y 8 años readecuarlas. Sin embargo, en el sitio oficial de la DGCyE y no es posible acceder a ese censo ni a la información que reúne la DPIE como base para la planificación de su agenda de trabajo en materia de infraestructura. Por ello, solicitamos acceder a esta información y consultamos sobre los criterios para definir prioridades para la realización de obras de mantenimiento y para la creación de nuevos establecimientos educativos.
Por el otro, existe un procedimiento administrativo reglado por la Resolución 3869/2006 para solicitar la creación de nuevos establecimientos educativos a la DGCyE. Estas solicitudes pueden provenir de entidades pertenecientes o no al sistema educativo provincial. Deben presentarse a la Jefatura de Inspección Distrital y contar con el aval de la Unidad Educativa de Gestión Territorial (UEGD), creadas para descentralizar la toma de decisiones del sistema educativo y dar mayores espacios de participación a la comunidad. Este procedimiento no tiene plazos reglados, y desconocemos cómo operan en los hechos. Por eso, también consultamos a la DGCyE sobre la cantidad de solicitudes que ha recibido bajo este procedimiento, el distrito del cual provienen, en que estado esta el trámite, cuantas fueron aprobadas y cuantas rechazadas, entre otras cuestiones.
Con respecto a la cuestión presupuestaria, tenemos que las decisiones vinculadas al gasto destinado a la construcción, ampliación y reparación de las escuelas públicas no se encuentran concentradas en un sólo órgano de la administración, así como la ejecución de los recursos destinados a ese fin tampoco depende de un mismo sujeto.
Por un lado, la Dirección de Infraestructura Escolar de la DGCyE administra fondos para construir nuevas escuelas, o reparar y ampliar las escuelas públicas provinciales. Sin embargo, ese caudal de recursos representa un porcentaje mínimo del presupuesto total destinado a la DGCyE, el cual se encuentra en su mayoría afectado a solventar gastos corrientes (como sueldos o servicios). Así por ejemplo, para el año 2018, el gasto en el rubro “bienes de uso” de la DGCyE representó un 0,47% del gasto total presupuestado para esa jurisdicción. Este dato, sin embargo, es impreciso por cuanto la categoría ‘bienes de uso’ engloba varias cosas: terrenos, edificios, construcciones, maquinaria, equipo de transporte, sanitario y de comunicación, equipos de oficinas y muebles, libros, soft, herramientas, entre otros. Además, la información presupuestaria disponible no solo no permite analizar concretamente cuánto se destina a infraestructura escolar, sino que tampoco muestra cómo es esa distribución de recursos: cuánto va a los distritos con mayor demanda de escolaridad, o con secciones cuya concentración de matrícula es más elevada? cuánto se destina a construir o ampliar jardines, escuelas primarias o secundarias? Esta información no está disponible y por eso la solicitamos al Ministerio de Economía y a la Contaduría General.
Otro de los fondos destinados a solventar gastos en la arena educativa es el Fondo Compensador, administrado por los Consejos Escolares de cada distrito escolar. El Fondo representa un 25% de lo recaudado en concepto de ingresos brutos y está destinado al mantenimiento de los establecimientos escolares provinciales (Ley N 13.010, artículos 7 y 9). La distribución de ese monto para cada distrito escolar la decide la Dirección General de Cultura y Educación, aunque los criterios que se tienen en cuenta para ese reparto tampoco son públicos. En total, para el año 2018 el monto total ascendió a la suma de más de 680 millones de pesos, lo que representa aproximadamente un 70% del gasto devengado para ese año en bienes de uso por la Dirección General de Cultura y Educación. El Fondo Compensador, además, también presenta problemas de transparencia presupuestaria: solo se encuentran disponibles los recursos asignados por el gobierno provincial a cada distrito, pero no es posible acceder al gasto devengado. Sobre esa ejecución se rinde cuentas al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, cuyos fallos más recientes en lo que respecta a Consejos Escolares datan del año 2017 –es decir, presentan al menos dos años de atraso–. A su vez, esas decisiones no muestran los destinos específicos de ese Fondo, sino que aprueba montos globales.
Finalmente, los municipios tienen un rol muy relevante en lo que atiende a la gestión de los recursos destinados a infraestructura escolar. Del total de la masa coparticipable que reciben cada año de la Provincia, un 8,7% lo representa un fondo de asignación específica para solventar gastos educativos, el cual proviene del Fondo de Financiamiento Educativo Nacional instituido por Ley 26.075 y asciende a la suma aproximada de 7 mil millones de pesos distribuidos entre todos los Municipios, lo que representa alrededor de un 800% el presupuesto de la DGCyE para bienes de uso con destino a educación. Sin embargo, los mismos problemas de transparencia y rendición de cuentas que se presenta para el Fondo Compensador existen para el caso de este fondo educativo. Por estas razones, requerimos se nos informe cuánto de esos montos se gastaron de manera efectiva en cada distrito escolar.
De lo investigado hasta el momento, resulta claro que para atender el problema de falta de vacantes es necesario producir y cruzar información sobre el estado de infraestructura de las escuelas, la demanda escolar insatisfecha -no solo a nivel distrital sino por zonas o barrios dentro de un mismo distrito- y sobre las condiciones económicas, sociales, urbanas y ambientales del territorio. Asimismo, es necesaria una mayor y más estratégica articulación entre organismos, tanto hacia el interior de la DGCyE, como entre la DGCyE, los Consejos Escolares y los Municipios. Finalmente, es probable que sea necesario revisar tanto de la suficiencia como de la forma en que se administran los recursos y se controla su uso, a fin de diseñar presupuestos en clave de igualdad.
Nuestro proyecto “Camino al aula: hacia la igualdad educativa en la Provincia de Buenos Aires” tiene por objeto promover un acceso igualitario a la educación a partir de la detección de falencias en las políticas públicas y prácticas locales. Conocé más sobre esta iniciativa y sobre las acciones que desarrollamos en el marco de ella, acá.
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